Foro profesional de protocolo en Las Palmas de Gran Canaria, por José Luis Delgado

He de confesar, para abrir boca, en esta crónica, que algo se esta moviendo en el mundo del Protocolo oficial. En menos de un mes, dos grupos de profesionales se han reunido, unos en Santiago de Compostela, otros en Las Palmas de Gran Canaria, para debatir y poner en común sentimientos y sensaciones acerca de la única normativa oficial que existe en nuestro país, el Real Decreto 2099/1983 de Ordenamiento de Precedencias en el Estado. Han transcurrido veintisiete años desde la publicación de la norma y hora es de cuestionarnos si es necesaria una modificación o si por el contrario como dice aquel aforismo “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”.
Bien, pues durante todo el pasado “puente” del Pilar más de ciento veinte profesionales del protocolo y veinticinco ponentes, entre los que tuve el honor de encontrarme, tuvimos ocasión de reunirnos en Las Palmas de Gran Canaria en el Foro Profesional para el Estudio del R.D. 2099/1983, “una reflexión necesaria a su aplicación tras 27 años de servicio”, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Las Palmas. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas y allí profesionales de toda España, responsables de protocolo de distintas administraciones y entidades públicas, universitarias y profesionales del mundo de la empresa, debatimos a fondo esta Norma vigente en nuestro país.
El protocolo, como tantas veces hemos dicho, es la comunicación visual de un acto como expresión plástica del poder, y una posición más o menos vale mucho, ahí el conflicto y los intereses. Pues bien, este encuentro ha servido para hacer un análisis exhaustivo y una enumeración real de los problemas existentes en verdaderas sesiones maratonianas que nos han tenido recluidos y en permanente atención durante más de doce horas diarias, lo que da una idea de la profundidad con la que se han tratado todas y cada una de las Ponencias y de la atención con la que se han seguido las tres mesas redondas programadas, una sobre las complejidades que tiene la aplicación del real decreto en la actualidad, otra sobre la conveniencia de aplicar el protocolo oficial al entorno cultural, empresarial y deportivo, y la ultima sobre el futuro del Ordenamiento General de Precedencias en el Estado español.
En cuanto a las ponencias, diez fueron las temáticas que se abordaron en ese Foro, que fueron desde la realidad sociopolítica de España y la vigencia del R.D., a las que yo presenté sobre la representación de autoridades y cargos asimilados o la de las autoridades que no figuran en el ordenamiento de precedencias y cómo ordenarlos en una futura revisión de la norma, pasando por la ordenación de las corporaciones locales y autonómicas, o el estudio que se hizo sobre las entidades culturales, universidades, fundaciones etc, como entes de ámbito especial y la convivencia del protocolo oficial con el entrono cultural, empresarial y deportivo, así cómo el mundo empresarial, el mecenazgo y la organización de eventos frente al Real Decreto.
Fueron tantas las horas de debate y las argumentaciones de cada uno de los ponentes que ciertamente fue imposible sacar conclusiones definitivas, dejando éstas para un estudio más sosegado de todos los planteamientos realizados en el Foro; sin embargo, sí podemos sacar algunas, pocas, que parecieron alcanzar mayor consenso.

La primera de todas ellas se basa en la necesidad de restablecer, sino con el mismo nombre al menos con las mismas funciones y sobre todo poder, la figura del Jefe de Protocolo del Estado. Martínez Correcher argumentó esta tesis, señalando que en Portugal, nuestro país vecino, se ha podido legislar el Protocolo del Estado mediante una Ley, precisamente porque existe la figura del Jefe de Protocolo del Estado. La segunda conclusión, que la actual normativa ha sido muy eficaz en los 27 años de vigencia, pero que tiene lagunas que necesariamente han de ser revisadas. Algunos propugnaron que cuando se aborde la modificación, o como yo lo llamo el “lavado de cara”, ésta debería subir de rango jurídico. La tercera conclusión es que las Comunidades Autónomas que todavía no disponen de decretos autonómicos legislen esta materia, porque de alguna forma suplen las carencias del Real Decreto, aunque también es cierto que se discutió sobre la necesidad de una cierta equivalencia entre todas las Comunidades Autónomas.
Otra conclusión a la que llegamos es que numerosos cargos “ex novo” de la actual estructura del Estado (eurodiputados, gobernador Banco de España, presidentes del Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado etc.) no tienen ubicación actual y ello crea conflictos.
Se debatió mucho la representación o delegación de una autoridad que dice ir representando a alguien, las preeminencias de las autoridades elegidas sobre las designadas (el caso de diputados y senadores que ocupan puestos muy alejados, cuando son ellos los elegidos), la figura de la Princesa/ Príncipe de Asturias consorte que no tiene un lugar concreto de ubicación (según Martínez Correcher por olvido), las cesiones por deferencia o por obligación y el orden en que se han de situar los ministerios.
Dos temas que suscitaron igualmente interés fueron el de ampliar los representantes del mundo de la cultura incluyendo a los directores de las Reales Academias, al director del Instituto Cervantes y subir al mismo nivel o rango a los rectores de las universidades españolas ( todos ellos representantes del mundo de la cultura, que propugna la actual normativa), y por otro, pasar a norma lo que es tradición inveterada a la hora de ordenar a las altas autoridades de la Iglesia Católica y la de otras confesiones religiosas, tesis que sostuvo Juan Carlos Gafo, ex jefe de protocolo de Presidencia y actual embajador en el Líbano, y yo mismo en una de mis dos ponencias.
Por último, se habló mucho igualmente sobre la actual distribución que se hace de las autoridades si los actos se celebran en Madrid como capital del Estado o si los actos se celebran en territorio de Comunidad Autónoma. Y se abogó en el Foro, por parte de algunos ponentes, por ir al derecho comparado y utilizar como base la Ley de Precedencias que ha dictado recientemente nuestro país vecino, Portugal. Una Ley perfectamente estructurada donde se ubican 58 autoridades y donde la representación sí esta permitida.
Cómo ven, unas sesiones de trabajo que dieron mucho “juego” y que en el sentir de todos los organizadores y ponentes esto es sólo el principio, como dice la película, “de una buena amistad”. Deseo que una vez redactadas las conclusiones se puedan hacer llegar a los órganos correspondientes y éstas en un futuro puedan ser tenidos en cuenta.
Entre los ponentes que compartieron conmigo estas Jornadas de estudio no quiero dejar de mencionar al Presidente del Foro y jefe de protocolo del Ayuntamiento de Las Palmas, Jerónimo Samuel Ramírez; el profesor Felio Vilarrubias, director de los cursos de la Universidad de Oviedo; la jefa de protocolo del Congreso, Ana Hernández; e igualmente Juan de Dios Orozco López, del gabinete de crisis del ministerio de Defensa, además de otros responsables de protocolo de diversas instituciones.

José Luis Delgado García
Socio-director “Delgado & Asociados”